Publicado en www.derechos.org.ve
“Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de
los mercados y del marco financiero mundial”. Las anteriores son palabras
de Min Zhu, economista chino y director del Fondo Monetario Internacional en la
introducción general de su documento “El FMI y la lucha contra el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo”.
Como explica este organismo multilateral, a partir del año 2001, tras el
ataque a la Torres Gemelas de Nueva York, el FMI intensificó sus actividades
para prevenir todas las actividades económicas que sustentaran las actividades
terroristas que pudieran entorpecer el flujo de capitales a nivel mundial.
En el año 2009 crearon un “fondo fiduciario” para financiar la asistencia
técnica en lavado de dinero (ALD) y financiamiento al terrorismo (LFT): “A lo
largo de los últimos 12 años, los esfuerzos del FMI en este ámbito han ayudado
a definir las políticas ALD/LFT internacionales, y abarcan más de 70
evaluaciones ALD/LFT y numerosos proyectos de asistencia técnica e
investigación”.
Estas iniciativas del Fondo se encuentran coordinadas con otras instancias,
como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), un
organismo intergubernamental integrado por 36 miembros y creado en la reunión
del Grupo de los Siete (G-7) celebrada en 1989 en París. El GAFI está
encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo, funcionando en estrecha colaboración
con otros organismos internacionales fundamentales, como el propio FMI, el
Banco Mundial, Naciones Unidas y otros organismos regionales.
En sus propias palabras “Para definir las medidas que los gobiernos
nacionales deberían adoptar a fin de aplicar programas ALD/LFT eficaces, el
GAFI emitió una lista de recomendaciones, que constituyen un marco básico, de
aplicación universal, de medidas relativas al sistema de justicia penal, el
sector financiero, ciertas empresas y profesiones no financieras y mecanismos
de cooperación internacional. En febrero de 2012, se revisaron y actualizaron
esas recomendaciones (las recomendaciones del GAFI). La labor del GAFI y el FMI
en la campaña ALD/LFT ha sido avalada por el G-7 y el G-20”. De hecho, el
propio FMI elaboró un manual para redactar este tipo de normativa, que puede
encontrarse en http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/
Toda esta introducción es pertinente para demostrar que la “Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo” aprobada
por la Asamblea Nacional hace apenas un año, y que tras la orden de la Fiscal
General Luisa Ortega Díaz se ha comenzado a aplicar contra los manifestantes
detenidos en el país, es una consecuencia de las recomendaciones de los
organismos multilaterales que, en el discurso, el Ejecutivo Nacional tanto
cuestiona. Tanto es así que el ex ministro de Interior y Justicia, Néstor
Reverol, celebró en febrero de 2013 que el GAFI haya reconocido los esfuerzos
del gobierno bolivariano en la materia: “Esto quiere decir que producto de
nuestros avances, desarrollados a través de un compromiso político de nuestro
Gobierno, acabamos de salir de la denominada lista gris. Esto forma parte de
nuestro compromiso internacional, con la finalidad de fortalecer el sistema de
la prevención, control y fiscalización de la legitimación de capitales y contra
el financiamiento del terrorismo”.
Como ha sido denunciado en todos los países de la región con legislaciones
similares, la Ley Antiterrorista contiene definiciones ambiguas y
discrecionales de lo que es “terrorismo” y “acto terrorista” y rápidamente,
como ya es el caso venezolano, comienza a ser aplicada a manifestantes por
derechos sociales y políticos. El caso emblemático, por lo absurdo, lo
constituye Yendrick Sánchez, el joven exhibicionista mediático que por
interrumpir el acto de proclamación del presidente Maduro ha sido trasladado a
la cárcel de Coro y, acusado de delitos tipificados en la Ley Antiterrorista, se
enfrenta a una posible condena de entre 1 y 6 años de prisión. Provea sostiene
que esta normativa constituye un nivel superior de la política estatal de
criminalización de la protesta en el país.
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