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El pasado viernes
19 de abril, Yendrick Sánchez, un joven conocido por sus insistentes y
sorpresivas apariciones en espectáculos de diversa índole, consecuente con su
público, sorprendió, hasta el susto, a Nicolás Maduro en su acto de
juramentación como presidente de la República.
Luego de fustigar a
los responsables de su seguridad, Maduro prometió conversar con quien
calificó de compañero, expresando que a pesar de las necesidades que
pudiera tener aquel muchacho, la majestad del acto que se celebraba estaba por
encima de cualquier otra consideración. Pese a la promesa inicial, la
conversación se convirtió en una imputación al joven Sánchez, por los delitos
contemplados en el artículo 148 del Código Penal Venezolano y en el artículo
29, numeral 7 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (LODOFAT), también conocida como Ley Antiterrorista.
Seguridad y defensa de la nación. Todos somos terroristas.
La LODOFAT junto a
la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más
acabada del andamiaje jurídico represivo, que construyó el chavismo a lo largo
de los últimos 14 años. Orientadas a la preservación de los grandes intereses
del capital financiero internacional y las transnacionales, garantizando la
estabilidad y la consolidación de los mecanismos de dominación existentes,
ambas leyes surgen como instrumentos de contención frente a la creciente
conflictividad social.
La llegada de
Chávez al poder en diciembre de 1998, fue, en primera instancia, una
consecuencia directa del prolongado deterioro del modelo político bipartidista
creado a partir del pacto de punto fijo, de las condiciones revolucionarias
existentes en Venezuela luego de las jornadas vividas en febrero del 89 y del
indetenible ascenso de la protesta y la conflictividad política durante toda la
década del 90. Con el apoyo de importantes sectores del capital nacional y del
capital financiero internacional (BBVA, Merryl Lynch, etc), la candidatura de
Chávez en 1998, se convirtió en la principal ficha de recambio del capitalismo
en Venezuela. Chávez repotabilizó los mecanismos de dominación imperantes, al
tiempo de cifrar esperanzas de cambio en numerosos sectores de la población
venezolana. Chávez se constituyó en un verdadero dique a las posibilidades
reales de cambio en el país, frenó las luchas, cooptó a las fuerzas
revolucionarias y domesticó sus potencialidades poniéndolas al servicio del
poder, bajo el auspicio del capital transnacional.
En diciembre de
2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea
Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Sus pilares
fundamentales están contenidos en los Títulos IV y V, que contemplan la clasificación
de las llamadas Zonas de Seguridad y las
Sanciones y Penas, ante la violación de los preceptos señalados en dicho
instrumento legal. El leitmotiv para su aprobación, fue la defensa integral
de la nación, ante las amenazas imperiales, que a juicio del
gobierno, encontraron su pico más alto durante la realización del paro
petrolero de 2002, y en las recurrentes movilizaciones de sectores de la
oposición venezolana, en sitios considerados estratégicos por el ejecutivo
nacional.
Sin embargo, han
sido los trabajadores venezolanos las principales víctimas de la
criminalización y la judicialización de sus luchas, que bajo el mandato de
la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha emprendido el Estado venezolano.
Rubén González
permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está sometido a juicio luego
que la sentencia que lo condenó a 7 años de prisión, fue anulada debido a las
contundentes acciones de rechazo del movimiento sindical a nivel nacional.
Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo 48 de Ley
Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está contenida en el
artículo 56 de la misma ley: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a
la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas
a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones
militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida
económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10)
años”.
El mismo principio fue aplicado contra 5 trabajadores de la
construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la justicia
militar, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí,
exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A. Actualmente,
más de 1200 trabajadores y dirigentes sindicales en todo el país se encuentran
sometidos a procesos penales, mediante la aplicación de las normas previstas en
la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Curiosamente, una revolución
que se autoproclama socialista, hizo casi una copia al calco de la
infame “Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958
durante la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y aplicada con
ferocidad por la dictadura de Augusto Pinochet. El artículo 56 de nuestra
ley bolivariana de seguridad, es prácticamente idéntico al artículo 11 de la
ley chilena, que ha sido revivida por el gobierno de Sebastián Piñera, para
criminalizar las acciones del pueblo Mapuche y las jornadas de protesta
protagonizadas por los pobladores de la región de Aysén en Chile, “Toda
interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o
de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte o
del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones
del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de
funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales,
constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus
grados mínimo a medio” Art. 11 Ley de Seguridad Interior del Estado
(Chile).
Por su parte, la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(LODOFAT), de más reciente data, es la versión endógena de la USA
Patriot Act o Ley Patriota Norteamericana y está dirigida a la
criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que
históricamente ha adoptado el movimiento popular. La LODOFAT establece penas
para las personas naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas
o cooperantes con el terrorismo. La Oficina Nacional contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, organismo creado con este
instrumento jurídico, diseñará –discrecionalmente- las políticas de estado en
materia de control a las actividades catalogadas como terroristas, que deberán
ser ejecutadas por los entes de control
señalados en la misma ley.
Recientemente, bajo
el argumento del sabotaje eléctrico, se ha iniciado un proceso de
persecución y criminalización contra los trabajadores de la estatal CORPOELEC
(corporación matriz de la industria eléctrica venezolana), y desde el gobierno
nacional se pretende descargar en hombros de obreros y empleados de la
industria, todo el peso de la destrucción de la red eléctrica nacional,
ocasionado por los altos niveles de corrupción y la falta de inversión en
mantenimiento y expansión de la capacidad operativa y generadora de la red. El
presidente Nicolás Maduro, anunció la militarización de CORPOELEC, y
puso al frente del Ministerio de Energía Eléctrica a Jesse Chacón, un militar
retirado que durante la presidencia de Chávez, había salido del gobierno ante
las acusaciones de corrupción que involucraban a su hermano Arné Chacón. El sabotaje
eléctrico, no solo intenta ocultar la ineficiencia del gobierno en el
manejo de la industria, sino que anuncia una ofensiva contra sus trabajadores y
su dirigencia sindical.
La
desarticulación y desmovilización de los sectores en lucha, son los objetivos
principales de la LODOFAT, que define al terrorismo
como: “…aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda
perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado
como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de
intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a
una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o
desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. Así,
desde la mentira oficial, los trabajadores eléctricos, acusados de infiltrados
y saboteadores, entrarían en la lógica de la Ley Antiterrorista y podrían estar
sometidos, al igual que Yendrick Sánchez, a juicios sumarios y a las
circunstancias agravantes que contempla la LODOFAT. La misma ofensiva
criminalizadora amenaza la estabilidad y la libertad sindical de cientos de
trabajadores de las Industrias Básicas y de Petróleos de Venezuela.
La gendarmería del capital
En 14 años de revolución
bolivariana, Venezuela ratificó y consolidó el papel que le ha sido
asignado en la división internacional del trabajo, como confiable
suministrador de recursos energéticos a los grandes centros del capitalismo
mundial. La política energética del régimen chavista se ha sustentado en la
tesis ricardiana de las ventajas comparativas, profundizando el modelo
rentista, generando con ello una total dependencia de los ingresos por concepto
de la explotación petrolera, la destrucción del aparato productivo y la
erogación de cuantiosos recursos debido a la importación de casi el 80% del
consumo nacional.
Ahora, luego de la muerte del Presidente Chávez, el panorama luce
totalmente distinto, tanto para las fuerzas que componen al chavismo, como para
las fuerzas que se oponen a su práctica antiobrera, entreguista y autoritaria.
A la luz de los
resultados electorales del pasado 14 de abril se plantean dos elementos
centrales: por un lado, el retroceso en términos cuantitativos de la perversa
maquinaria electoral chavista –una caída de aproximadamente 1.5 millones de
votos, con respecto a la elección del 7-O-, supone una lucha por la
gobernabilidad y la supervivencia del régimen. El estrecho margen con que se
proclamó a Nicolás Maduro, es expresión directa del agotamiento del modelo
chavista y del creciente descontento ante las demandas insatisfechas.
Por otro lado, la
debilidad del liderazgo actual encarnado en los llamados apóstoles de
Chávez, la ausencia de una línea política coherente y un discurso sagaz que
permita repotabilizar y reflotar al chavismo, la pugnacidad y las
contradicciones existentes en su seno, comprometen aún más la sostenibilidad de
un modelo político, basado en la represión y en el autoritarismo, pero
fundamentalmente en el chantaje, la cooptación y la manipulación del movimiento
social.
Chávez agregó peso
a su figura política, gracias a su carisma y a su indiscutible capacidad para
mantener en permanente expectativa a grandes masas de venezolanos. Eran
constantes las “críticas y autocríticas” a su propia gestión de
gobierno, el infaltable “regaño” a sus Ministros ante el incumplimiento
de sus órdenes, y el permanente reciclaje de las promesas de cambio y
rectificación ante la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro de su
gestión. Esa capacidad, es precisamente
la principal carencia del liderazgo que hoy conduce los destinos del
chavismo sin Chávez.
Entonces, ante el
agotamiento del modelo chavista y el deterioro de las condiciones que
permitieron la gobernabilidad durante los últimos 14 años; ante la ausencia del
liderazgo mesiánico que encarnó Chávez y su efecto opiáceo sobre gran parte de
los venezolanos; ante la creciente crisis económica y las demandas
insatisfechas, ¿qué pueden esperar los trabajadores y los movimientos
sociales?.
Sin
duda desde el gobierno se iniciará una escalada aún mayor de represión y criminalización contra
el movimiento popular, ante el continuo
ascenso de la protesta y la movilización. La aprobación de la Ley
Antiterrorista venezolana no es más que la imposición de la receta del Fondo
Monetario Internacional para preservar los intereses de la banca internacional
y del capital transnacional, frente
a la crisis que ya se asoma. La revolución
patriota, en nombre de los intereses supremos de la patria, perfeccionó los mecanismos de dominación del
capitalismo en Venezuela, y reafirmó su condición de enemigo de los
trabajadores y del movimiento popular.
Frente
a ello, el acelerado proceso de erosión de las bases de apoyo al modelo
chavista, el lento pero progresivo rescate de las instancias organizativas autónomas
del movimiento popular y de su capacidad para articular las luchas y trazar un
programa real de cambio, marcaran un período de altísima conflictividad y de
necesaria organización. En palabras de Lenin asistiremos a “… una intensificación considerable (…) de
la actividad de las masas, que en tiempos de “paz” se dejan expoliar
tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la
situación de crisis, como por los mismos “de arriba”, a una acción histórica
independiente…”.
Excelente. De obligatoria lectura. Difundo!
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