El gobierno de Nicolás Maduro ha continuado el proceso de militarización social promovido por su antecesor, lo que ha incluido la aplicación de la Ley Antiterrorista contra manifestantes, el llamado a la conformación de milicias obreras para enfrentar las legítimas huelgas de trabajadores, la calificación de “tropa” a los seguidores del bolivarianismo y la militarización de los operativos de seguridad ciudadana, con lo que un mayor despliegue de los funcionarios de la Fuerza Armada en el espacio público tiene como objetivo disuadir la conflictividad social en ascenso en lucha por sus derechos.
Esto sucede mientras el gobierno dialoga con los empresarios para enfrentar el desabastecimiento de alimentos, flexibilizando las regulaciones laborales y asegurando la entrega de divisas al sector privado.
Los hechos recientes reiteran, una vez más, que ningún cuerpo represivo es “revolucionario” y que los militares están preparados, física y psicológicamente para la guerra y no para la paz.
Varias personas han sido asesinadas por los militares cuando estos realizaban labores de patrullaje ciudadano, como fue el caso de Luimener Pacheco y su hija de 12 años, en Coro, y de Edwin Rivera, en La Bombilla en Petare.
En sitios como Cabruta y Orope los desmanes de los uniformados han generado la respuesta popular de rechazo, tras constatar las torturas contra Alexis Tarazona y Renny Suárez que les provocaron la muerte.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que 301 casos de violaciones al derecho a la vida ocurrieron entre 1997 y 2011, cuyos victimarios pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ante la situación la única reivindicación revolucionaria es luchar por la desmilitarización del territorio, lo cual incluye la derogación de las llamadas “zonas de seguridad” que prohíben la manifestación y huelgas de trabajadores en instituciones y empresas del Estado.
Asimismo, la disolución de los cuerpos represivos del Estado, pues su existencia es garantía de torturas y represión para la población civil, la impunidad de su participación en los diferentes delitos en el país y el mantenimiento de las prebendas para la vieja y nueva casta de privilegiados en el país, asegurando la disciplina necesaria para que Venezuela sea una maquila de recursos energéticos para el mercado globalizado.
Llamamos a todas las organizaciones populares a ganar y mantenerse en la calle en la exigencia de todos nuestros derechos y peticiones, rechazando la maniobra de las dos cúpulas partidistas (PSUV y la MUD), que intentan una vez más electoralizar la agenda de movilización de los de debajo.
A desechar las falsas ilusiones:
¡Sólo la acción autónoma y beligerante de los movimientos sociales es garantía de un verdadero cambio!
