Por: Esperanza Hermida
Franz Kafka publicó en 1915 una obra que refleja hasta dónde
puede llegar, en momentos, el ser humano. Samsa, el personaje central, pasa de
humano a otra forma de vida y con él, cambian quienes están a su alrededor. Todos,
sometidos por la alienación y el acoso laboral, sufren la llamada
“metamorfosis”.
“A mí me importan, y se los digo con toda claridad, me importa en absoluto, lo que dicen las normas laborales. En esta situación, no me importan. Al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia, cero beligerancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez…no acepto militantes de partidos fascistas…quien quiera ser militante de partidos fascistas que renuncie, porque si no renuncia, yo mismo lo voy a botar”.
El telón de fondo de estas palabras,
eran vivas a Maduro y a Chávez. Su autor es el Ministro Molina, (Vivienda y
Hábitat) y fueron captadas en momentos en los que se dirigía a un grupo de
personas a su alrededor, aparentemente, empleadas del Despacho a su cargo. Esta
intervención o extractos de ella, han sido profusamente difundidos en medios de
comunicación y redes sociales. Y aunque a través de Venezolana
de Televisión, el Ministro aseveró que se descontextualizó su dicho, varias son
las circunstancias que conducen a valorar que existe una amenaza real a la
estabilidad laboral dentro de la administración pública en Venezuela. ¿Su
causa? la opinión política de sus trabajadores.
En el país de la lista Tascón, la
persecución laboral no es un fantasma. La primera hipótesis que surgió al
escuchar al Ministro Molina, es que serían despedidas las personas que no
votaron a favor de Maduro. Otra, es que se destituiría a quien se oponga al
gobierno. Se conoce, no obstante, que es muy difícil comprobar por quién se
votó. Pero una vez difundidos tanto
el vídeo como la información de que otras autoridades emprenderían acciones
laborales contra “la oposición”, fue tan extendido el temor a perder el empleo
en el sector público, que hasta el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo
y la Seguridad Social tuvo que publicar un comunicado, apaciguando el pánico
que se apoderó de quienes laboran en los organismos estatales. Al fin y al cabo,
una nación segmentada electoralmente en dos partes casi iguales, puede también
reflejar esta diferencia de opiniones políticas, dentro de la masa laboral
empleada en el Estado. Y esa es una realidad.
Un “opositor al gobierno nacional”,
es quien haga públicas o auspicie críticas a la ejecución gubernamental, aunque
haya apoyado al gobierno en un pasado. Incluso, esta acusación se hace contra
personas que apoyan al gobierno actualmente. Para merecer esta calificación, basta que cualquier
persona, por una u otra razón, le resulte incómoda a una autoridad
gubernamental o simplemente, que el cargo que detenta, sea requerido por esa
autoridad para designar a alguien “de su confianza”. Así, el código de
“opositor” se levanta como justificación política para acabar con la
estabilidad laboral en la función pública, desde la institucionalidad del
Estado.
Para muchos en esta situación de
persecución política, es difícil guardar silencio ante el hostigamiento o
doblegarse ante funcionarios públicos que ejerciendo sus cargos y dentro de las
propias sedes estatales, violan el derecho constitucional al libre
desenvolvimiento de la personalidad, atentando contra la privacidad de la
correspondencia, revisando Facebook o Twitter. Es legítimo el rechazo a la
intervención de correos electrónicos e interceptación telefónica arbitraria y sin
autorización judicial. Es inadmisible que un
funcionario del Estado, amenace a otro con cercenarle su derecho al trabajo,
con motivo de su opinión política.
En la historia administrativa y
laboral de la Venezuela reciente, las autoridades gubernamentales encuadran
fácilmente como “falta” a las obligaciones del cargo, el simple hecho de tener
una conducta honesta, justa y de defensa de derechos laborales colectivos. Ello, regularmente, va de la mano con la acusación de
“opositor”. Así, cualquier persona puede ser susceptible de la sanción de
suspensión del sueldo, de destitución y/o de despido, según corresponda.
Algunos han sido hasta privados de libertad por ejercer el derecho a huelga; a
otros se les desconoce el sindicato, como pasa con MOTORMAV en el canal del
Estado; se les cercena la libertad sindical, como a los trabajadores del Diario
VEA; o se les acusa de saboteadores, como los trabajadores de CORPOELEC.
PROVEA ha venido abordando la
situación del derecho al trabajo en el país, especialmente, en el contexto de
polarización política que afecta a la sociedad y a las instituciones del
Estado, principal empleador de Venezuela. En este sentido y junto con el
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello” y otras
organizaciones de defensa de los derechos humanos, venimos haciendo un
seguimiento a los casos de persecución política, en la función pública. Un
documento que demuestra este riesgo es la solicitud de mediación dirigida, días
atrás, por el Sindicato Nacional de Empleados Públicos de la CVG-Guayana
(SUNEP-CVG) y la Alianza Sindical Independiente (ASI), a la Comisión de
Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que plantea
la inminente violación a lo previsto en el convenio 111, “Sobre Discriminación en
el Empleo”, ratificado por Venezuela desde 1975.
Ejecutar la amenaza de despedir a los empleados públicos
por motivos políticos, debería ser difícil en un país democrático. Más aún,
“saltándose a la torera” la constitución y una serie de leyes que no consideran
la opinión política como falta, ni mucho menos como causal de despido o de
destitución. Sin embargo, tanto la preservación de la democracia como de las
libertades y derechos que le son consustanciales, hacen parte de la lucha
histórica de los pueblos. Venezuela se inscribe en ese tiempo y por ello, es
necesario que desde el gobierno se contribuya a desarmar hostilidades, ya que
el pensamiento, sustento de la opinión política, ni se puede despedir, ni se
puede destituir. Las personas tienen derecho al trabajo, independientemente de
su pensamiento. El trabajo es un derecho humano.
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