Amazonas. Ejercito,
garimpeiros e indígenas atacados
Un miembro de la comunidad Yekuana, ubicada en el
estado Amazonas, hizo énfasis en el tema de la minería ilegal ejercida por los
militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los mismos han
aprovechado los puntos de control, en un principio solicitados para evitar la
minería ilegal de los garimpeiros, para ejercer la minería ilegal. El
ejercito empezó a utilizar dichos puntos de control como “alcabalas de cobro”,
para someter a las comunidades indígenas, mediante, por ejemplo, el decomiso de
los productos que destinan los indígenas al comercio, acciones de chantaje y
amenazas contra los indígenas, llegando incluso a solicitarles una especie de
permiso de circulación por el territorio. Los mineros de Brasil no solo siguen
actuando en la zona, sino que son “socios” de los militares, pues parte de los
ingresos por la minería es destinado a pagar vacuna a la FANB para
continuar la actividad.
Se sigue incentivando e incrementando la destrucción
de los ríos y bosques contaminando el ambiente. La pesca como modo de
subsistencia de las comunidades indígenas se ha visto afectada, ya que la
contaminación de la flora y fauna afectan a quienes se alimentan de los
recursos naturales allí presentes. Denuncian los Yekuana que producto de la
contaminación sus comunidades se han enfermado, y varias de sus mujeres han
padecido abortos.
También un indígena Piaroa manifestó su rechazo a la
minería ilegal en su región con denuncias similares sobre los abusos militares
sufridos por los Yekuana, añadiendo que han solicitado a las instituciones
prevenir y solventar el grave problema de la minería, pero la característica
predominante ha sido un silencio cómplice de las autoridades gubernamentales, y
la impunidad ante los abusos de mineros y militares. Solo existe una larga
espera por soluciones gubernamentales que quedan en promesas.
Yanomamis del Alto Orinoco, señalaron la necesidad de
unificación indígena para hacer asambleas entre ellos e impulsar la lucha, y
proponen una Gran Reunión Indígena para exigir reivindicaciones y defender sus
derechos constitucionales, pues sienten que el Estado no se los respeta, y sólo
los toman en cuenta los políticos a la hora de las elecciones, y les dan la
espalda cuando reclaman sus problemas.
Ejemplo de la omisión del problema de Minería Ilegal
en el Alto Orinoco es la actitud del Ministerio del Ambiente (MA). Denuncian
los indígenas que en septiembre de 2012 el MA nombró una comisión regional para
hacer un informe sobre la minería y actualmente dicha comisión no ha dado una
respuesta. Ellos perciben que en dicha comisión los ven como “fastidiosos” por
sus continuas denuncias y presiones, por lo que dichos funcionarios solo
“atienden” a los indígenas “tarifados”, al respecto afirmó :“Al gobierno
sólo le gusta hablar con indígenas que no aman a su pueblo, con indígenas que
quieren dejar de serlo. A nosotros nos llaman fastidiosos y nos acusan de
mentirosos, y como nosotros usamos sus medios: sus helicópteros, sus radios… no
podemos investigar bien la denuncia”. También le han solicitado a las
instituciones del Estado los títulos de las tierras, pero han sido ignorados, o
solo han escuchados promesas que siguen demorando la entrega de dichos títulos.
Ante la desidia del gobierno y sus comisiones
regionales grupos como la organización Horonami si se han dedicado a indagar en
el problema, resaltando el surgimiento de campamentos de mineros y la continua
participación de los garimpeiros y militares en la minería, hechos que son de
conocimiento del MA. Señalan que continúa el hostigamiento de los militares, y
la difamación hacia sus comunidades mediante comunicados por parte del Estado
donde se les ha denominado mentirosos. Inclusive señalaron que el gobierno hizo
una campaña en Inglaterra donde propagaban que toda la problemática de la minería
era una farsa, y los indígenas eran unos mentirosos.
Bosques de Perijá. Extractivismo gubernamental vs
Resistencia Indígena
Carmen Fernández, Yukpa de la comunidad de Chaktapa,
denunció la demora del gobierno en solucionar el problema de la tierra, aunado
al encarcelamiento y la constante represión que sufren sus comunidades, con
amenazas y sicariatos a sus compañeros indígenas. Incluso se denunció que dos
de sus hijos fueron asesinados y otros han sido heridos y amenazados, y las
instituciones gubernamentales como el CICPC han investigado los hechos, pero
sus pesquisas han consistido en atacar victimas y no victimarios, ya que han
amedrentado a organizaciones como Homo et
Natura y a la misma Carmen, pues luego de los ataques que recibió su
familia, fue interrogada por el CICPC, quienes le preguntaban por la
localización del resto de sus hijos, para buscarlos y asesinarlos, omitiendo
así el esclarecimiento de los hechos, atacando a las víctimas, y dejando
impunes a los culpables. La actitud del CICPC ha llevado a la conclusión de que
son cómplices de las atrocidades que sufren las comunidades indígenas. Junto al
CICPC, en la represión y hostigamiento participan las FANB, los hacendados, y
las instituciones gubernamentales, actuando en complicidad criminal para ir
expulsando a los indígenas de sus tierras ancestrales.
Consideran los indígenas que la violencia ejercida en
contra de sus derechos es culpa del dinero, pues consideran que las ansias del
mismo, ya sea por parte de los ganaderos por ocupar las tierras y controlar el
comercio, o los militares por controlar y establecer vacunas en la región, o el
gobierno con sus deseos de ganancias por la explotación de carbón. Por ende se
ha establecido el reinado de la impunidad, el racismo institucional y la indiferencia
hacia los indígenas; los asesinatos siguen sin ser esclarecidos y los culpables
no son apresados, mientras los indígenas son los que “visitan” constantemente
las cárceles y los cementerios.
Posteriormente tomo la palabra Sabino Romero Martínez.
Hijo del recientemente asesinado Sabino Romero, quien combatiendo en pro de los
derechos indígenas se convirtió en un símbolo para la lucha y fue “asesinado
por el extractivismo” [i]. Reafirmó Martínez que el gobierno no ha
solucionado el conflicto territorial por lo que son los culpables de la
situación que padecen los indígenas. Comentó el hecho de que el gobernador
Arias Cárdenas se comprometió hace casi dos meses mediante una carta firmada, a
pagar las bienhechurías a los ganaderos, comprado las haciendas para que así
los indígenas recuperaran sus tierras y solventar el problema. Actualmente no
cree que esto suceda porque aún no han visto acciones del gobierno para cumplir
dicho compromiso, incluso han llegado a escuchar que se comprará un pequeño
porcentaje de las haciendas exigidas por los Yukpa, pero lo cierto es que el
gobierno aún no ha cumplido el compromiso. Nuevamente la solución al conflicto
queda en un círculo vicioso de promesas.
Respecto a los asesinatos reafirmó que el CICPC,
encargados de esclarecer los hechos de sicariato, se ha volcado a detener
inocentes y amenazar indígenas, mientras que los asesinos policías y militares
son detenidos para ser liberados al día siguiente. Los Yukpas han realizado
acciones para recuperar sus tierras y han sido criminalizados por el SEBIN y
CICPC. Todo ello les lleva a pensar que los entes policiales están implicados
en los ataques a sus comunidades y en los sicariatos, siendo cómplices de la
represión estatal, para-estatal y empresarial hacia las comunidades indígenas.
Ante esta situación manifestó la necesidad de
continuar defendiendo sus territorios y defender a los “asesinados”, es decir
pelear por el esclarecimiento de los hechos, por lo que pidió apoyo de los
presentes a acompañarlos en esa lucha, pues incluso están dispuestos a detener
vehículos y funcionarios para hacer presión en la lucha[ii]. Convoca a ir con ellos a Chaktapa para
conversar sobre la situación e impulsar la creación del “Centro Originario
Chaktapa” [iii] para estimular la lucha y defender los
derechos indígenas.
Por su parte, un miembro de la comunidad Wayuu señalo
que la presencia militar y paramilitar ha impuesto su ley, pues los mismos han
entrado a sus comunidades con argumentos de protección. Han amedrentado
mediante prohibiciones y cobro de vacunas a los indígenas para circular con sus
productos, ejecutado sicariatos, y realizan transacciones con los
narcotraficantes y los grandes negociantes de la zona. Los indígenas sufren
constantes chantajes y no tienen ente gubernamental a quien acudir cuando son
atacados, por lo que reina la impunidad. Denunció que el CICPC (por su actitud
agresiva, y complicidad en los hechos de violencia) no se dedicará a
investigar los hechos de violencia por la alianza que existe entre los
militares y los ganaderos, por lo que recomienda que sean los pueblos indígenas
quienes se dediquen a indagar los asesinatos en sus respectivas regionales.
Homoetnatura. Lucha indígena ante violencia estatal y
neoliberal
Lusbi Portillo, miembro de la organización Homo et Natura,
amenazado de muerte [iv] luego de la finalización del juicio contra PROVEA y Homo et Natura [v], resumió en gran medida, parte de la
problemática de las comunidades indígenas del país, que lleva aproximadamente
27 años repitiéndose y acentuándose. Por años les han prometido las tierras,
hace dos años Hugo Chávez prometió comprar una parte (aunque muy pírrica según
lo exigido por los indígenas) de las haciendas, y dos años después no se dieron
resultados; también cree que las promesas de Arias Cárdenas de hace dos meses
seguramente irán por el mismo camino que las de Chávez, al olvido y la
postergación.
Tantos años de promesas y aún no se resuelve el
problema de la tierra, pues el gobierno solo ha dado títulos que Portillo llamó
“títulos con 3ros.”, es decir que los indígenas deben “compartir” con las
grandes trasnacionales, los ganaderos, madereros y mineros, quienes han sido
los actores de los ataques, sicariatos y difamaciones hacia los indígenas, por
lo que la situación de los derechos indígenas de la tierra está gravemente amenazada.
Destacó el hecho de que las leyes venezolanas le otorgan preponderancia al
Estado respecto a los recursos energéticos [vi] y las zonas indígenas cuentan con
recursos minerales y energéticos como carbón o petróleo, cuya extracción
costará destrucción de bosques y comunidades. Por ello el interés del Estado, y
de los militares que están enchufados al negocio del carbón y la infraestructura
para el extractivismo, y de las empresas energéticas de acabar con los
indígenas y su lucha; los militares que “custodian” la región son espías para
el gobierno y sus asociados trasnacionales. Denunció que el actual gobernador
Arias Cárdenas es uno de los principales promotores de la destrucción de la
Sierra de Perijá en pro de la minería y Nicia Maldonado es la ministra que el
gobierno necesita para sus intereses, entre ellos el principal es el
extractivismo, donde destaca el plan IIRSA [vii] al que se disfraza como ALBA para engañar
a los indígenas.
Para él, nuestro país no vive ningún socialismo, pues
continúan oprimidos por el gobierno y sus militares, los ganaderos y las
trasnacionales, e incluso diversos indígenas “tarifados”, pues como Nicia
Maldonado, “trabajan” para el gobierno. También el mismo Estado se reúne es con
los grandes empresarios para tomar acciones, pero omite los reclamos de las comunidades
indígenas, por ello el extractivismo y el neoliberalismo se disfrazan de
“socialismo del siglo XXI.
Ante la situación señaló que no había que pedir
permiso al Estado para recuperar sus tierras, sino que tenían que exigirlas ya
que son su derecho, por lo que importante que los diversos miembros que apoyan
la lucha busquen formas de presionar, una de ellas es pedir apoyo de
organizaciones internacionales, de derechos humanos, entre otras,
organizaciones las cuales el gobierno ha atacado y despotricado durante años [viii], y a su vez, diversos activistas han sido
asesinados o amenazados de muerte, como el caso del fallecido Sabino Romero.
Adicionalmente convocó a una manifestación el 23 de mayo por las
reivindicaciones indígenas en la avenida México de Caracas, frente a la
Fiscalía a partir de las 10am. [ix]
Neotribalización y socialismo del siglo XXI
También intervino el Rector de la Universidad Indígena
Esteban Monsanyi, quien denunció el establecimiento en territorios indígenas de
campamentos chinos para la explotación de minerales, entre ellos mencionó el
uranio, que han surgido en los últimos años, lo que para él reflejaba la
“sustitución” del imperialismo norteamericano, por el chino. También denunció
que la empresa estatal PDVSA con sus negocios trasnacionales ha secuestrado el
poder político a los indígenas. Para él deben establecerse metas a corto plazo
como la protección de los indígenas amenazados, la autodemarcación de los
territorios indígenas, la moratoria y revisión de los proyectos extractivistas
y el fin de lo que llamó la “neotribulización” (en recuerdo a los funestos
misioneros de las “Nuevas Tribus” [x]), pues la intervención estatal ha
actuado como nueva evangelizadora promoviendo formas de organización ajenas a
la cultura indígena, formas que en realidad son controladas por un Estado
asistencialista, que terminan creando mayores burocracias y destruyendo la
propia cultura y organización económica, política y social de los indígenas. Señaló
que deben hacerse acciones inmediatas, y no caer en el absurdo de “entregar”
los argumentos al enemigo, pues diversas personas le han señalado que “se
contenga” en los reclamos.
[i] Se
presume la participación de militares interesados en la explotación del carbón,
funcionarios que responden a los intereses de las empresas mixtas. http://periodicoellibertario.blogspot.com/2013/03/el-libertario-capitalismo-energetico.html
[ii] Acciones similares ya han sido
llevado a cabo por varias comunidades indígenas. Por ejemplo ver http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130208/indigenas-de-uriman-en-bolivar-detienen-y-desarman-a-43-militares
[v] http://www.conflictove.org.ve/derechos-humanos/finaliza-juicio-contra-provea-y-homo-et-natura-por-falta-de-argumentos-de-la-fiscalia.html
[vi] Al respecto ver artículo 113 y
112 de la constitución nacional
[vii] Al respecto ver
[viii] ONG y activistas ambientales han
sido descalificados mediante adjetivos como: mafias verdes, pagados por la CIA,
traidores, miembros de la derecha, entre otros.
[ix] Al momento de escribir este
artículo no se tiene noticia de dicha convocatoria
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