Publicado en El Nacional
Ocho
de cada diez reclusos venezolanos están presos sin haber sido condenados por
algún tribunal. De acuerdo con la Memoria y Cuenta 2012 del Ministerio del
Servicio Penitenciario, de los 46.125 reclusos que hay en el país, 38.125 son
procesados, lo que equivale a 84% de la población total. Es decir, estos presos
permanecen privados de su libertad bajo la presunción de su inocencia.
De
acuerdo con el texto, que contiene los datos de la gestión de la ministra Iris
Varela, sólo 4.669 presos fueron juzgados y sentenciados por la comisión de
algún delito, es decir apenas 10% de los reos pagan una condena.
La
población penitenciaria tuvo un incremento de 1,3% en comparación con 2011,
cuando había 45.508 presos en las cárceles venezolanas, de acuerdo con el
informe del Observatorio Venezolano de Prisiones.
El
balance de la gestión del primer año de funcionamiento del despacho de Iris
Varela da cuenta de que 9.600 reclusos fueron dejados en libertad condicional o
plena mediante el Plan Cayapa, el cual consiste en atención jurídica para los
reos.
En
una entrevista que concedió en 2011 a El Nacional, la ministra Iris
Varela aseguró que de los 50.000 presos que había en el país para cuando ella
fue designada en el cargo, 20.000 deberían ser puestos en libertad y que para
que la población no se alarmara se publicarían las cédulas de los que fueran
beneficiados. Sin embargo, no se sabe quiénes son esos 9.600 reclusos que
fueron dejados en libertad.
No hay control.
No hay control.
De
acuerdo con el informe 2011 del Observatorio Venezolano de Prisiones, en el
país los procesados eran 28.456 reclusos y otros 13.992 eran penados.
Si
comparamos estas cifras con la Memoria y Cuenta 2012, entonces en el país hay
ahora 36,1% más reclusos en calidad de procesados y 33,3% menos sentenciados,
pues el OVP en su informe 2011 dijo que había 13.992 reos pagando condena y,
según la Memoria y Cuenta, actualmente hay 4.669 sentenciados.
En
el texto elaborado por el Ministerio del Servicio Penitenciario, la ministra
reconoce que en la institución no existe un sistema que permita llevar un
control efectivo de la población penitenciaria.
En
relación con el desarme de las cárceles, en la Memoria y Cuenta se indica que
el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia realizó 77 requisas, pero no se
precisa en cuáles penales, y que en esas inspecciones lograron incautar 520
armas de fuego de varios calibres, 1.140 armas blancas, 2.140 teléfonos celulares,
2.308 envoltorios de drogas y 103.860 proyectiles de varios calibres.
El
Ministerio del Servicio Penitenciario asegura que instaló 600 cámaras web en
las cárceles de Yare I, II y III, Tocuyito y Rodeo I, II y III, además de 7
equipos bloqueadores de señales para que fueran utilizados por el GRIC durante
las requisas.
En
relación con la clausura de la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal,
conocido como La Planta, en mayo de 2012, sólo se especifica que fueron
trasladados 2.705 presos a otras cárceles. Sin embargo, en la rueda de prensa
que ofreció entonces Varela dijo que la cantidad de reos trasladados de La
Planta fueron 1.693.
En
el informe también se señala que con la clausura del Internado Judicial de
Falcón fueron trasladados a otras cárceles 536 reclusos, y que en el Centro
Penitenciario de la Región Andina se reestableció el régimen penitenciario con
el traslado de 135 presos.
Promesas.
La
ministra Iris Varela promete que para su ejercicio fiscal 2013 se construirán
24 centros para procesados en varios estados del país, además de la culminación
de las obras de las nuevas Comunidades Penitenciarias de Lara y Carabobo.
Se
invertirán 225 millones de bolívares para la construcción de los nuevos centros
de procesados, y el proyecto tiene un lapso de ejecución de 12 meses. Sólo se
han colocado las piedras fundacionales en los terrenos adyacentes al Internado
Judicial de Tocuyito en Carabobo y en Barquisimeto, estado Lara; en La Pica,
estado Monagas; en el Internado Judicial de Puente Ayala en Anzoátegui; en la
Penitenciaría General de Venezuela en Guárico; en el establecimiento
penitenciario de Marhuanta en Bolívar y en un terreno en la Finca Vivensa, en
Maracaibo, estado Zulia.
De
acuerdo con la ficha técnica consignada ante el parlamento por la ministra Iris
Varela, cada uno de estos centros tendrán capacidad para 600 reclusos, que
supuestamente serán clasificados en las áreas de máxima, media y mínima
seguridad, y que la empresa encargada de la construcción será Atina Ingeniería,
Procura y Construcción, C.A.
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