Foro por la Vida
La muerte
del primer mandatario ha promovido numerosos foros de discusión en torno al “legado
de Chávez”, en los que opinadores de diversas tendencias se proponen hacer
un “balance histórico” de estos 14 años de gobierno. Ante toda la retórica
épica, religiosa y electoral que colma los espacios de opinión, se hace
necesario volver sobre los hechos, particularmente aquellos que acusan el uso
de la violencia y la impunidad como la vía expedita e irreversible para negar
de facto todos los derechos. Nos referimos a la violación del derecho a la vida
y a la indefensión jurídica de las víctimas de la violencia, como indicadores
incontestables del balance gubernamental.
El balance
no puede ser más aterrador sobre todo para los jóvenes, los trabajadores y los
sectores más pobres de la población. Si revisamos las estadísticas de
venezolanos caídos bajo las balas de la delincuencia y de los organismos
policiales y militares, nos encontramos con la alarmante cifra de 177.169
homicidios registrados en el período 1999-2012 y de al menos 641.351 ciudadanos
heridos en hechos violentos. [1]
Se
estima que cada uno de estos asesinados deja a 4,4 familiares afectados, o
víctimas indirectas, lo que implica que alrededor de 779.543 personas, la
mayoría de ellas mujeres, niños y niñas sufren las consecuencias de vivir en
una sociedad violenta, así el “legado” se extiende a 1.600.000 venezolanos.
La
Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Brasil), estimó que el 64,2% de
los asesinados y heridos en Venezuela son jóvenes entre los 15 y 24 años. La
cifra que se eleva a más del 85%, si se incluye a los asesinados menores de 40
años. “La probabilidad de que un joven
latinoamericano sea víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un
joven europeo”.
Asimismo,
el informe sobre Desarrollo Humano, realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicó a Venezuela como el tercer
país con mayor tasa de homicidios (T.H) en el mundo, después de Honduras y El
Salvador. Es importante destacar que un país cuya T.H supere los 12
Homic./100.000 Hab. es catalogado como “grave problema social”. En el caso de
Venezuela la T.H pasó de 20 en 1998 a 74,80 en el 2012, vale decir seis veces
sobre el promedio mundial.
Si ello
le sumamos los 22.000 presos asesinados y heridos en las cárceles, vemos
claramente cómo la violencia recae sobre la juventud venezolana, lo cual sería
una expresión de autentica política maltusiana. Según UNICEF “Venezuela
ocupa el segundo lugar en Latinoamérica por homicidios de adolescentes,
principalmente en barrios por enfrentamiento de bandas o inseguridad en general. [2]
A
esta realidad no escapa el sector laboral donde también la violencia muestra un
incremento sostenido. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social, “en 2012 se registraron 77 asesinatos de trabajadores o
sindicalistas, principalmente en el sector de la construcción”, casi
triplicó la cifra de 28 asesinatos del año anterior. Los casos de Argenis
Vásquez (Toyota, Cumaná), Pedro Suárez y Javier Marcano (Mitsubishi Motors,
Anzoátegui) Richard Gallardo, Luís Hernández, y Carlos Requena,(UNT, Pepsicola,
Alpina, en Aragua), permanecen en la impunidad.
Por otro lado, la
persecución contra luchadores indígenas para despojarlos de sus tierras y dejar
el terreno libre a las compañías mineras-carboníferas o ganaderos
terratenientes, ha sido una fiel continuación de una política de genocidio hoy
aplicada por el Estado venezolano. El asesinato del cacique Yukpa Sabino
Romero, sin que hasta ahora ningún responsable haya sido detenido, es una
dolorosa prueba de esta política contra nuestras comunidades aborígenes, que se
extiende a las etnias Pemón, Yanomami, Wayu y Barí.
Sin duda alguna realidades
que no pueden quedar por fuera de un balance que, necesariamente, debería
explicar el atípico caso de un país en el que los supuestos avances en
reducción de la pobreza, educación, salud, vivienda e inclusión incrementan la
violencia social, la impunidad y la muerte.
[1] Según las fuentes oficiales se producen 3,62 heridos por cada homicidio.
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