Por: Rafael Uzcátegui
A raíz del asesinato del luchador
indígena yukpa Sabino Romero en la Sierra del Perijá, 10 organizaciones de
pueblos originarios del sur del país, agrupados en la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), realizaron un pronunciamiento para
solidarizarse y denunciar el crimen, que es significativo por varias razones.
Sabino Romero |
La primera es el hecho que un sector
se identifique y haga suyas las reivindicaciones de sus pares, cosa normal
dentro de la dinámica de los movimientos sociales en cualquier parte del mundo,
pero olvidada en nuestro país después de un largo proceso de fragmentación y
polarización de las iniciativas populares, los cuales durante más de una década han construido lazos de
solidaridad verticales con poderes nacionales y regionales, asumiendo agendas
políticas impuestas externamente. Todo el tejido social construido después de
los sucesos de Caracazo, febrero de 1989, ha sido debilitado en la última
década y media, abandonando lo que la sociología marxista denomina “identidad
de clase”.
Fiscalía General de la República, Caracas 04/03/2013 |
Si hace dos décadas atrás hubieran
asesinado a un símbolo de la resistencia indígena, el país se hubiera indignado
y, literalmente, levantado por los cuatro costados, contando con el decidido
apoyo y solidaridad de todos los movimientos sociales. Hoy, la realidad es que la única manifestación realizada en
Caracas para rechazar el asesinato de Romero congregó apenas 200 personas, con
bastantes ausencias y bajo una campaña gubernamental, replicada por algunas
iniciativas sociales, de pasar rápidamente la página en el hecho, aunque eso
suponga impunidad. Dentro de la profunda inexistencia de lazos horizontales en
el movimiento popular resalta que, después de tantos años de silencios,
sectores del movimiento indígena se identifiquen con los ataques realizados en
contra de otras etnias. Meses antes la organización zuliana Homoetnatura, muy
cercana a la lucha yukpa, se había pronunciado a favor de los pemones que, en
el otro lado del país, habían desarmado a funcionarios del ejército. Esto nos
sugiere que los indígenas en su conjunto se encuentran en mejores condiciones
que otros movimientos para recuperar su propia agenda de reivindicaciones, con
independencia y autonomía.
Un segundo elemento resaltante del
comunicado de la COAIM es el cuestionamiento a la impunidad en los asesinatos
de indígenas ocurridos en el estado Zulia, lo que reitera las serias
deficiencias del sistema de administración de justicia en el país,
contradiciendo la propaganda oficial que habla que después de 500 años está
siendo saldada la deuda histórica con las comunidades originarias. “Nos preguntamos –expresa el propio comunicado- si esta
situación podría generar un genocidio contra el Pueblo Yukpa que termine
exterminando a varias familias y comunidades”. Más adelante destacan “que en
los últimos años ha habido una política sistemática y planificada de asesinar a
los líderes yukpa que han luchado por el rescate y preservación de sus
territorios”, lo cual es una grave denuncia que merece una debida investigación
y respuesta de las autoridades. Mientras se mantenga la deuda constitucional en
realizar la demarcación y entrega efectiva de los territorios indígenas, de los
cuales apenas se ha realizado menos del 3% del total, se mantienen las
condiciones generadoras de violencia entre las comunidades movilizadas para la
satisfacción del derecho y los propietarios actuales de las parcelas
reclamadas.
El pronunciamiento también rechaza
expresamente la política indigenista realizada por el gobierno nacional
“marcada por una ola interminable de regalos y asistencialismo”, exigiendo
iniciativas que realmente reviertan los problemas estructurales padecidos por
las comunidades originarias, “que permita la garantía de sus territorios
mediante la efectiva demarcación de su hábitat y tierras y la promoción de sus
derechos constitucionales”. Las propias organizaciones han
identificado que el Ministerio de Pueblos Indígenas es una institucionalidad
que más que ayudar con soluciones se ha convertido en parte del problema,
aupando “división y enfrentamiento (…) mediante el otorgamiento de privilegios
a líderes comunitarios y la compra de conciencias que generan conflictos
intercomunitarios y enfrentamientos con autoridades tradicionales”. Estas
denuncias confirman los señalamientos realizados en otros derechos acerca de la
promoción de un tipo de participación excluyente, la cual favorecería sólo a
las personas y comunidades que expresen su incondicional apoyo al gobierno
bolivariano.
La satisfacción de los derechos
humanos tiene como una de sus precondiciones la existencia de organizaciones
sociales y populares que exijan su pleno desarrollo. En el caso de los derechos
de los pueblos indígenas es necesaria la articulación autónoma e independiente
de las diversas comunidades que habitan en territorio venezolano. La profundización del modelo de desarrollo extractivista tiene
como uno de sus naturales antagonistas, como sucede en países como Bolivia y
Ecuador, al movimiento indígena, naturales garantes de la biodiversidad y
principales afectados por la consecuencia de la contaminación de la industria
energética. Quizás el asesinato de Sabino Romero sea una amarga lección de lo
que pasa cuando a pesar de vivir problemáticas comunes, no somos capaces de
identificarnos y asociarnos con nuestros pares, distraídos en la defensa de
metas que no son las propias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario