Por: Fabiola Zerpa
Publicado en El Nacional
La Coordinadora
de Organizaciones Indígenas de Amazonas, que reúne a once grupos que velan por
los derechos de las etnias de la zona, exigió al Gobierno revocar el acuerdo
del mapeo minero que contrató con la transnacional china Citic porque
consideran que amenaza la biodiversidad y la cultura de los pueblos originales
de ese estado.
“Estamos
estudiando qué medidas tomar. Actuaremos para hacer patente nuestra
insatisfacción contra acciones mineras en conjunto con cualquier otro país,
incluso China. No fuimos consultados y seríamos muy afectados por una eventual
explotación, como se plantea en el acuerdo con la empresa Citic”, afirmó
Virgilio Asisa de la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari Kuyuno, por
teléfono desde Puerto Ayacucho. El grupo integra a la Coiam (Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de Amazonas), y es uno de los once que firman el
documento.
En el texto la
Coiam reconoce los esfuerzos gubernamentales destinados al reconocimiento y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el punto 5.2.2.
del Plan Socialista de la Nación 2013-2019, que establece la necesidad de
“desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promuevan la
mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los
ecosistemas”.
Sobre esa base,
los movimientos indígenas esgrimen varias razones para rechazar el acuerdo que
se suscribió en septiembre de 2012 para que Citic realice labores de búsqueda
de depósitos de oro, bauxita, hierro, diamantes y coltán en el estado Amazonas,
una de las principales áreas de estudio. La primera es que “puede comprometer
la vida colectiva futura” en la entidad; la segunda es que se trata de una
iniciativa impuesta y no consultada con las comunidades de la zona, lo cual
sería una violación a la Constitución.
Otro argumento
es que el plan de exploración chino contempla instalar campamentos en Ocamo,
Cacurí, Solano, Santa Bárbara y Puerto Ayacucho, áreas que la Coiam considera
territorios sensibles porque no han sido demarcados, como lo establece la carta
magna.
“Los pueblos
indígenas somos pioneros en defender la biósfera y su biodiversidad”, dijo
Asisa. “El mundo respira a través de la selva amazónica que tenemos aquí, y por
eso el mundo depende de nuestra actuación. Si dejamos que la minería avance, contaminamos
el mundo en medio del avance del calentamiento global”.
Proponen al
Gobierno iniciar “una revisión profunda de su política indígena” y solicitan
que se respete el decreto n° 269 –que prohíbe toda actividad minera en el
Estado–, así como los que establecen la creación de la Reserva de Biósfera del
Alto Orinoco y los diferentes parques nacionales.
El documento fue
entregado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Ambiente. Está firmado
por los movimientos Indígenas Piaroas Unidos del Sipapo, Kuyuno, Yanomami
(Horonami), Mujeres Indígenas de Amazonas (Omida), Asociación de Maestros
Piaroa (Madoya Huarijja), Piaroas del Cataniapo “Reyö Aje”, Río Negro
(Uciabyrn), Yabarana del Parucito (Oiyapam), Piaroa de Manapiare, Ye´kuana del
Alto Orinoco (Kuyujani Originario) y Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas
(Puama).
El artículo 119
“El Estado
reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su
organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres,
idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan (…). Corresponderá al
Ejecutivo, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar
el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras”.
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