Por: Rafael Uzcátegui
El
27 de noviembre de 2008, en horas de la noche, un sicario asesinó a
tres combativos dirigentes obreros del estado Aragua: Richard Gallardo,
presidente de la UNETE-Aragua; Luís Hernández, dirigente sindical de
Pepsi Cola y Carlos Requena, delegado de prevención de Produvisa. Los
tres sindicalistas se encontraban en Cagua, luego de apoyar la huelga en
la empresa Alpina, la cual había sido reprimida por Poliaragua. El
triple asesinato causó indignación entre organizaciones sindicales del
país, mientras que iniciativas gremiales de otros países exigían una
investigación expedita y transparente de los hecho, lo que motivó que el
propio presidente Chávez declarara, 01 de diciembre 2008, que una
“transnacional era sospechosa de los hechos”. El 16 de enero de 2009, el
Ministerio Público acusó a Julio César Arguinzonez, trabajador de la
empresa Pepsi Cola, como el presunto autor material del asesinato.
Familiares de las víctimas y dirigentes de la UNETE-Aragua rechazaron la
versión que presentaba el asesinato como un “ajuste de cuentas”.
Incluso, trabajadores de la Pepsi Cola testimoniaron que Arguinzonez se
encontraba trabajando al momento del asesinato. A pesar que es el único
responsabilizado, hasta el día de hoy el juicio se mantiene paralizado.
Ante
la ausencia de celeridad en las instancias locales de los casos de
luchadores sociales asesinados, han tenido que comenzar a llevarse ante
el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos en la
búsqueda de justicia. Es el ejemplo de Joe Castillo, asesinado el 27 de
agosto de 2003 en Machiques, municipio Perijá del estado Zulia. Castillo
era abogado y Coordinador General de la Oficina de Acción Social y
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, cuyo trabajo
estaba orientado a los pueblos indígenas y personas refugiadas ,
orientación legal a víctimas del conflicto colombiano, así como apoyo
legal a los campesinos vinculados con los procesos de recuperación de
tierras. Un mes antes del crímen Castillo había renunciado a su trabajo y
hacía trámites para mudarse al centro del país. En el ataque realizado
por una pareja de motorizados, fueron heridos su esposa y su hija. En
noviembre de 2012 la Corte Interamericana comenzó a deliberar si existía
impunidad estatal y omisión de los órganos de administración de
justicia en la investigación del atentado Joe Castillo, ante la ausencia
de responsables materiales e intelectuales del hecho.
Como
ya es noticia el pasado 03 de marzo, el cacique yukpa y defensor de los
derechos humanos de los pueblos indígenas Sabino Romero fue asesinado
en la Sierra de Perijá, estado Zulia, en horas de la noche, cuando
transitaba por la carretera del Tokuko, rumbo a un evento electoral. Su
esposa Lucía también fue herida por el ataque de los sicarios. Romero se
convirtió en una figura pública a partir del año 2003, fecha del
anunció de la triplicación de la explotación carbonífera en la Sierra
del Perijá, tras lo cual convocó a las comunidades del Rio Yaza a
resistirse al proyecto que los desplazaría de sus territorios. Sabino
encabezó la acción de comunidades yukpas para hacer efectiva la
demarcación y entrega de tierras indígenas, como lo establece la
Constitución, para lo cual ocupaba fincas ganaderas asentadas sobre
territorios originarios. Sabino fue centro de una campaña de
criminalización en su contra realizada por ganaderos, medios de
comunicación regionales así como por medianos y altos funcionarios
gubernamentales. El líder indígena había denunciado amenazas de muerte
en su contra, las cuales no fueron investigadas diligentemente por las
instituciones estatales. ¿El asesinato de Sabino romperá el círculo de
impunidad que rodea a los asesinatos de luchadores populares en los
últimos años?
No hay comentarios:
Publicar un comentario