Por: Amnistía Internacional
Las autoridades venezolanas deben realizar una
investigación independiente, objetiva e imparcial para esclarecer lo ocurrido
en el Centro Penitenciario Región Centro-Occidental ubicado en Uribana, estado
de Lara el 25 de enero del 2013.
Según el Ministerio del Poder Popular para el
Servicio Penitenciario, sus autoridades y la Guardia NacionalBoliviariana
llevaron a cabo, el viernes pasado, una requisa en la cárcel de Uribana en un
intento de desarmar a la población carcelaria. La operación resultó en por lo
menos 58 muertos y 90 heridos, muchos de ellos con heridas de bala.
Es inaceptable que una requisa, que debería ser un
operativo de rutina, lleve a tanta violencia. Esto claramente demuestra -
una vez más - la crisis del sistema penitenciario en Venezuela, que ha llegado
a niveles sumamente alarmantes.
Amnistía Internacional ha alertado en varias
ocasiones a las autoridades venezolanas sobre la urgencia de atender la grave
situación en la que se encuentran las cárceles. Lamentablemente, hasta que no
se tomen medidas de fondo que atiendan a todos los problemas asociados al
sistema penitenciario, estos sucesos seguirán repitiéndose.
En julio de 2011, el gobierno instituyó el
Ministerio de Servicios Penitenciarios para buscar una solución al problema del
sistema carcelario, que va desde el hacinamiento crónico y la falta de acceso a
atención médica adecuada, hasta las demoras extremas en la administración de
justicia y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros
penitenciarios.
A pesar de la creación de este órgano, hubo por lo
menos 450 muertos y 860 heridos en las cárceles venezolanas en 2012. Los
recientes hechos ocurridos en la cárcel de Uribana - donde 2135 presos vivían
en un espacio diseñado para 850 internos, según fuentes locales - ejemplifica
el nivel de la crisis en el sistema penitenciario del país.
El vicepresidente Nicolás Maduro anunció que la Fiscal General abriría una investigación
sobre los hechos. Las autoridades venezolanas deben investigar los hechos
ocurridos, identificar a los responsables y establecer si las fuerzas de
seguridad han utilizado la fuerza de manera desproporcionada.
Amnistía Internacional vuelve a instar a las
autoridades venezolanas a tomar acciones urgentes para enfrentar esta situación
que sigue deteriorándose. Es imprescindible que se pongan en
práctica medidas para resolver con celeridad procesos judiciales de reclusos y
garantizar que todos los centros de reclusión del país cumplan con estándares básicos
en términos de infraestructura, personal y recursos necesarios para lograr el
funcionamiento adecuado de un sistema penitenciario.
También es necesario que se tomen acciones
concretas para prevenir y sancionar la violencia entre reclusos y las
violaciones de derechos humanos por las autoridades penitenciarias. Dicho plan
debe incluir medidas para poner fin a la posesión de armas de fuego y
explosivos por parte de los reclusos. Se debe además asegurar que se investigue
y sancione a los responsables del ingreso de estas armas a las
cárceles.
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