“Si me matan, los indígenas se van a alzar en la Sierra de Perijá" Sabino Romero Izarra
El
cacique Yukpa Sabino Romero, de la
comunidad Chaktapa en la Sierra de Perijá en el estado Zulia,
fue asesinado por
sicarios el domingo 3 de marzo de los corrientes cuando en
compañía de su
compañera Lucía se dirigía hacia El Tukuko a una asamblea que
elegiría al
cacique mayor de la comunidad. Lucía se encuentra herida de
gravedad.
Sabino
Romero ha representado el accionar
directo de los pueblos indígenas Yukpas por los derechos
conculcados por el
Estado respecto a la delimitación de tierras que por propiedad
ancestral les
otorgaba la constitución de la república de 1999. Tras una larga
lucha que se
remonta a los años 50 del siglo pasado, los Yukpas han exigido
la titularidad
de sus tierras ancestrales. Los propietarios latifundistas
siempre han
constituido fuerzas de choque paramilitares y de sicarios para
enfrentar la
radicalidad indígena, inclusive han favorecido la migración
hacia sus fundos de
otra etnia indígena como la Wayú. Con lo contemplado en la CRBV
de 1999, Sabino
Romero consiguió motivos de derecho para exigir la delimitación
de las tierras
indígenas ancestrales Yukpas, lo que fue siempre negado o
subvertido por
latifundistas y empresas de minería del carbón con la anuencia
de la GNB y el
ministerio para los pueblos indígenas de la mano de Nicia
Maldonado.
Desde
el año 2006 los intentos de
acallar al pueblo Yukpa han sido cotidianos además de permisivos
respecto a
latifundistas y empresarios de la minería del carbón. Sabino
Romero ha vivido
en carne propia los desmanes provenientes de sus sicarios y
paramilitares con
la complicidad del Estado con el apoyo que les brinda al
permanecer en las
tierras ancestrales Yukpas la GNB. El padre y uno de los hijos
de Sabino Romero
fueron asesinados igualmente. En 2010 la Fiscalía imputó a
PROVEA y a la
Sociedad Homo et Natura de llevar niños Yukpas a una toma que
hicieron los indígenas
de la comunidad de Chaktapa a la entrada del Tribunal Supremo de
Justicia en
Caracas. En febrero de este año se inició el juicio que
demuestra muy
claramente la intensión de criminalizar la solidaridad de
organizaciones y
colectivos sociales hacia el pueblo Yukpa. Que los Yukpas se
movilicen para
reclamar por sus derechos como colectivos sociales con sus
ancianos, mujeres y
niños resulta incomprensible para la justicia burguesa, como no
pueden atentar
de manera obvia hacia ellos entonces se enfila con la
criminalización la solidaridad
prestada por los colectivos mencionados.
El año
pasado el gobierno bolivariano tuvo
que ceder en el tema de la delimitación de las tierras Yukpas.
Terminaron
reconociéndoles las zonas escarpadas de la Sierra de Perijá y no
los valles
ancestrales ocupados recientemente por los latifundistas o
aledaños a las zonas
de concesión de la minería de carbón. Con todo y lo precario de
la zona
delimitada, los Yukpas debieron esperar más de 8 meses para
proceder a
asentarse en sus territorios haciéndolo a la fuerza con la toma
de dos
haciendas que quedaban dentro del perímetro y a las cuales sus
dueños
latifundistas alegaban su permanencia todavía porque el Estado
no les había
pagado “sus” bienhechurías. A los Yukpas solo se les decía que
el trámite
estaba en proceso, mientras la GNB colocaba soldados para
proteger a los “criollos”
de las haciendas.
La
guinda del “postre” la terminó
representando Vanessa Davies, cuando en “vivo” desde el estudio
de VTV en la
Plaza Bolívar de Caracas, procedió a tapar con una cortina
“roja” la ventana
desde la que se veía la manifestación que por lo motivos
anteriores hacía de
nuevo el pueblo Yukpa en noviembre del año pasado en Caracas. El
intento de
nuevamente “invisibilizar” al pueblo Yukpa y sus demandas por
sus derechos
ancestrales consagrados en la CRBV pero negados por el Estado y
sus
instituciones, desde el Sistema Nacional de Medios Públicos,
generó el repudio
colectivo de sectores chavistas y no chavistas del país. Se
terminaba
demostrando mediáticamente lo que Sabino Romero y el pueblo
Yukpa no se
cansaron de denunciar: la complicidad de las instituciones
civiles del Estado
junto a las militares, el poder de los latifundistas y los
monopolios
extranjeros de la minería del carbón, en negarles sus derechos.
Es
imprescindible conquistar en las
calles el juicio y el castigo a los autores materiales e
intelectuales del
asesinato de Sabino Romero porque de seguro se intentará tapar
el hecho como un
conflicto entre indígenas como en otras veces ha ocurrido. A
Sabino Romero lo
mandaron a matar los dueños del capital por la afectación que
les ocasionaba la
lucha transcendental y colectiva que como pueblo los Yukpas con
tenacidad y perseverancia
han demostrado dar recuperando sus tierras y desalojando a los
latifundistas. El
vil “pase de factura” con la complacencia del Estado, y por
tanto de su
administrador de turno, el gobierno bolivariano, resulta obvio.
Con la
misma acción hay que denunciar
la abierta criminalización a la que están sometidos dos de las
organizaciones
sociales que les han brindado solidaridad al pueblo Yukpa,
PROVEA y Sociedad
Homo et Natura. Dejar pasar ese juicio es aceptar como
jurisprudencia asentada
la imposibilidad de prestar solidaridad concreta de colectivos y
organizaciones
por los que luchan con su acción directa porque igualmente se
les podría llevar
a juicio por iniciativa gubernamental.
No solo
los indígenas de Perijá deben
alzarse ante el asesinato de Sabino Romero, los explotados deben
acompañarlos masivamente
para que se dé el juicio y el castigo ejemplar a sus autores
materiales pero
más aún por los autores intelectuales que se esconden tras los
dueños del gran
capital.
EL
ESTADO ES CÓMPLICE EN EL ASESINATO DE SABINO ROMERO
JUICIO
Y
CASTIGO EJEMPLAR A SUS ASESINOS MATERIALES E INTELECTUALES
POR
UNA CONVOCATORIA MASIVA EN REPUDIO AL ASESINATO DE SABINO
ROMERO
Opción
Obrera
03/03/2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario