Por: Esperanza Hermida
“Generalmente la violencia casi se reduce en los registros cotidianos a los episodios sangrientos, explosivos, letales. Como si la vida sólo se alterara con su liquidación y no con la inmensa variedad de formas para entorpecerla, entristecerla, hacerla menos feliz, placentera y productiva… Cada vez que se viola nuestro derecho a vivir con bienestar… a vivir con salud, esa violación se transforma en una forma de violencia.”
Saúl Franco Agudelo, médico colombiano, luchador por la vida
La equidad y la inclusión son valores
relacionados con la justicia, con la capacidad de responder a las necesidades
sociales por el hecho de que las padecen seres humanos.
Pacientes en deplorable estado de salud y
que además hacen huelga de hambre en hospitales y toman las calles desde sus
sillas de ruedas y camas, para exigir la atención del Estado. Pacientes que
hacen días de colas para obtener citas por consulta médica, que se verifican 4,
5 y hasta 6 meses después. Familiares que permanecen de pie o en muebles
destartalados, sin acceso a baños y al suministro gratuito de agua, durante
horas, días y –en algunos casos- hasta meses, a la espera de noticias sobre la
vida o la salud de la persona que tienen internada en terapia intensiva o en
algún servicio de cirugía, de un recinto hospitalario. Personal médico, de
enfermería, laboratorio, radiología, vigilantes, personal de limpieza y
mantenimiento, personal técnico y administrativo, que luchan desde hace décadas
mediante movilizaciones, paralización de actividades y huelgas hasta de sangre,
por falta de equipos, medicamentos e insumos, porque no hay seguridad, ni
salarios dignos. Esas son algunas de las calamidades que reportan las noticias
sobre la situación del servicio de salud pública en el país.
Quien sufre un accidente o padece una
enfermedad, amerite o no cirugía, soporta una enorme desgracia que bordea los
límites de la tragedia. Pero no sólo por el dolor físico que representa su
afección particular, sino por el maltrato como ser humano del que puede llegar
a ser víctima, producto de las precarias condiciones del servicio de salud en
Venezuela.
Hasta la delincuencia ingresa a los centros de salud “pistola en
mano” y atenta contra la vida de pacientes, familiares y personal hospitalario,
bien sea para acceder a la atención médica o para saldar cuentas pendientes con
alguna persona hospitalizada. Como sucede en las cárceles, la proliferación de
hurtos, robos, violaciones, asesinatos, desaparición de personas, basura,
moscas, desidia y miseria, caracterizan a muchos centros hospitalarios como
sitios donde campea el horror.
Se ha deteriorado tanto el servicio de
salud pública venezolano, que olvidamos su valor como derecho social y como
derecho humano fundamental. En 1946, al terminar la segunda guerra mundial, en
el preámbulo de su carta de Constitución, la Organización Mundial de la Salud
definió: “El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social”. Dos décadas después, en
1966, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) se estableció: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental”.Venezuela estableció en el artículo 83
de su Constitución de 1999, que la salud es un derecho humano… Por ello,
reflexionar sobre la forma de violencia que significa el deterioro del servicio
de salud en el país, indiscutiblemente significa observar otros aspectos
involucrados: la economía, la ética y la política.
Hablar de salud significa la forma de
entender y atender a la idea del bienestar de las personas y de la sociedad en
su conjunto. Ello implica la eventualidad y la realidad de enfermarse y de
morir. Pero también los escenarios que posibilitan y circunstancias que impiden
o entorpecen la vida digna, y los distintos mecanismos y procedimientos
mediante los cuales, las instancias del Estado y las instituciones de la
sociedad, se articulan en la generación del bienestar social o colectivo, la
prevención y atención de las enfermedades y el enfrentamiento de la muerte.
Por su lado, la economía versa sobre la
producción, la distribución y la apropiación de la riqueza, del proceso que
termina asignando un valor monetario a los bienes y servicios relacionados con
la salud, a la propiedad y compra-venta de estos bienes y servicios.
Ahora bien, cuando se trata de establecer
los parámetros para decidir inclusiones y exclusiones, derechos y deberes,
responsabilidades, prioridades, justicia social y equidad, se entra de lleno en
el terreno de la ética.
Por estar todo ello mediado por el Estado,
con participación de diversos sujetos sociales, dentro de una intrincada red de
intereses y lucha de poderes, la salud acontece inevitablemente en el escenario
político.
Buena parte de las tensiones que viven y
los problemas que enfrentan los diferentes modelos de salud y seguridad social
en el mundo, tienen sus raíces en el desconocimiento de una de estas
dimensiones o en la sobrevaloración, en ocasiones excesiva, de una cualquiera
de ellas. Es posible que en el caso venezolano la reducción de la salud a
políticas espasmódicas y desarticuladas, carentes de una ley como eje y con la
proliferación de negocios como el de las aseguradoras privadas, cuyo asiento es
la enfermedad, estén en la base del colapso que vive la estructura hospitalaria
venezolana.
La cuestión de fondo no es de cifras de
población atendida en las consultas de Barrio Adentro. Es evitar la violencia
que significa privar de salud a un grueso sector de la población del país, que
acude a la red hospitalaria pública. La equidad y la inclusión son valores
relacionados con la justicia, con la capacidad de responder a las necesidades
sociales por el hecho de que las padecen seres humanos. En ello, la deuda del
Estado venezolano es moralmente alta.
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