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A 24 años del Caracazo familiares de víctimas agrupados en el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) mantienen intacta su frustración porque no hay una sola condena judicial por estos hechos y aún los restos de las víctimas desaparecidas no han sido plenamente identificados y entregados a sus deudos.
Cada aniversario, instituciones del Estado bajo el lema de una “celebración” anuncian acciones legales o inauguran exposiciones y monumentos inconsultos con las víctimas, debemos decir que esto se ha hecho sin un seguimiento serio y riguroso para dar con los responsables reales de esta masacre y establecer la verdad de lo ocurrido hace más de dos décadas.
Luego de 24 años del Caracazo, el Estado venezolano, en los últimos 9 años, durante cada aniversario intenta generar una matriz de opinión en la que predomina la idea de que se está haciendo justicia en estos hechos, invisibilizando una vez más lo que viven las víctimas y la impunidad que ha prevalecido. Lo que no se hace durante todo el año, durante el aniversario se promueve con altavoces para confundir a la opinión pública.
Los hechos irrefutablemente demuestran que luego de 24 años no se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o la Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no están en la línea de investigación de las autoridades.
Ninguna democracia de las Américas ha tardado 24 años en dar a conocer a los autores intelectuales y materiales de una masacre de las dimensiones del Caracazo y mucho menos han sido tan ineficientes para identificar los restos de los desaparecidos. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.
Dos casos de víctimas del Caracazo que habían llegado a la etapa de juicio oral y público: el asesinato de Luis Manuel Colmenares y el de Crisanto Mederos han tenido decisiones contrarias a los estándares establecidos tanto en la Constitución, como en instrumentos internacionales, causando retrasos importantes en los procesos, a pesar de las acciones que han intentado revertirlas. En el caso Colmenares el tribunal que conoció la causa ordenó llevar el caso nuevamente a la etapa de investigación, debido presuntamente a un error del Ministerio Público, el cual causó indefensión en contra de los acusados, de acuerdo con la sentencia del Tribunal 21° de Juicio, publicada el 28 de junio de 2010. Dicha sentencia fue apelada por la defensa de los acusados y finalmente el 16 de agosto de 2012, la Sala 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas resolvió declarar parcialmente con lugar la apelación y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público.
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